La ciudad como derecho político
Especialistas discuten sobre el derecho al espacio público en las ciudades
México, D.F., 4 de mayo de 2015.- Con la participación de Fernando Carrión, de Flacso Ecuador; Francisco Sabatini, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Manuel Perló Cohen, director del Instituto de Investigaciones Sociales, se llevó a cabo una sesión extraordinaria del seminario Derecho a la Ciudad y Revolución Urbana en la Ciudad de México, coordinado por el Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, becario posdoctoral del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Fernando Carrión habló de la ciudad como espacio público y en su definición incluyó cuatro elementos que la conforman: la comunidad política, la ciudadanía, el espacio público y la calidad de vida, indispensables para que exista el derecho a la ciudad, que no es un derecho propiamente jurídico, sino político, debido a que es la ciudadanía quien lo ejerce a través de la participación colectiva. Sin embargo, desde el surgimiento de la ciudad neoliberal existe una restricción a los derechos y las libertades ciudadanas que debe contrarrestarse con la implementación de políticas como la peatonalización de los centros históricos, como sucede en la ciudad de México.
Asimismo, definió el espacio público como un componente de la vida pública por su uso colectivo y por la apropiación social, como sitio de encuentro y de representación porque visibiliza a la sociedad en los procesos de apropiación y construcción simbólica, y como lugar de organización de la ciudad, porque optimiza el contacto, la identidad y las relaciones.
Francisco Sabatini comenzó su ponencia sobre conflictos urbanos, gentrificación y derecho a la ciudad destacando la ruptura de un patrón de segregación, debido a que clases sociales distintas viven más cerca unas de otras porque las empresas constructoras compran suelo en zonas populares para construir viviendas que después son vendidas a un precio mucho mayor, inalcanzable para las clases populares, afirmó.
Consideró que ésta es una situación ambivalente, ya que quienes compran estas viviendas también ejercen su derecho a la ciudad, y criticó la explotación que hacen las empresas constructoras de esta necesidad, pues son las que obtienen un gran beneficio. Para finalizar, afirmó que la planificación urbana debe estar del lado de la población y no del mercado.